Peligrosos fallos contra Telecom abrirían un boquete que puede costar dos billones de pesos
Un abogado de Medellín ha logrando que 6 magistrados de un mismo tribunal aprueben jugosas pensiones a ex empleados que no cumplen requisitos.
Desde hace algunos meses esa ciudad se convirtió en un destino atractivo para un puñado de ex trabajadores de Telecom, el otrora gigante estatal de telecomunicaciones hoy en liquidación.
Ex empleados oriundos de Montería, Sincelejo, Ibagué, Bucaramanga, Zarzal y Cartago, entre otras ciudades, empezaron a llamar, escribir o viajar desde abril pasado a la capital paisa.
La razón: según lo estableció EL TIEMPO, en esa ciudad está ubicada la oficina de un abogado que ha logrado que 6 de los 14 magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín revoquen varios fallos de tutela y ordenen ofrecerles a ex empleados de Telecom jugosas pensiones de manera anticipada.
Se trata de Juan Guillermo Herrera Gaviria, especialista en derecho laboral, ex asesor jurídico de varios municipios, docente y conjuez de la sala laboral del mismo Tribunal de Medellín,
"No me diga que llama para lo de Telecom. El doctor no está pero lo único que necesita es que no le hayan ofrecido el Plan de Pensión Anticipada. No tiene que venir a Medellín. Puede enviar los papeles vía fax", contestan en la oficina del abogado.
Pero su récord de sentencias favorables, que tiene feliz a sus clientes -más de un centenar- ya puso en alerta al alto Gobierno, pues ninguno de los ex funcionarios favorecidos con ellas cumple los requisitos que Telecom estableció en el 2003 para otorgar pensiones anticipadas.
Así lo demuestran certificados expedidos por la Unidad de Personal de la empresa estatal y lo ratifica su propio liquidador, Javier Lastra, quien enfrenta la disyuntiva de cumplir los fallos del Tribunal, otorgar las pensiones y violar disposiciones internas, o negarse a acatarlos e irse a prisión.
"No voy a prevaricar. Prefiero asumir una sanción injustificada -el arresto- antes que eso", dice Lastra cuando se le indaga sobre el caso.
Ya hay cinco fallos en contra de Telecom que favorecen a 24 personas y que, de acatarse, le significarán al Estado el desembolso de cerca de 13 mil millones de pesos. Y hay en trámite 84 casos más que costarían 47 mil millones de pesos, a razón de 600 millones de pesos por persona.
Dicho monto -dice Telecom- equivale al promedio de mesadas que se le tendrían que girar a estos jóvenes pensionados (cuyas edades oscilan entre los 39 y 50 años) mientras vivan.
Y también mientras vivan, Telecom les deberá pagar un servicio adicional de salud -que además cubre a sus beneficiarios del pensionado- y otorgarles subsidios de vivienda.
"Pero lo más grave es que se está abriendo un boquete jurídico para que otros 3.400 ex empleados que no reunían los requisitos exigidos en su momento para pensionarse anticipadamente, reclamen el mismo tratamiento y, por ende, se les terminen aprobando sus pensiones a punta de tutelas pues en los fallos los magistrados dan por sentado que todos tienen derecho a la pensión", asegura Lastra.
Si esto llegase a ocurrir, el Estado se vería abocado a desembolsar 2 billones de pesos, que saldrían de las ganancias de Colombia Telecomunicaciones, la 'nueva Telecom'.
El esguince
"El efecto económico de los fallos no es lo peligroso. Lo peligroso es que se violen los derechos fundamentales de la gente", responde el abogado Herrera Gaviria, quien asegura que el Plan de Pensión Anticipada se les debió ofrecer a todos los empleados de Telecom y que al no hacerlo, se les violó el derecho a la igualdad y eso es lo que se está tutelando.
Telecom asegura, sin embargo, que el Plan fue ofrecido por carta a quienes -según su hoja de vida- cumplían los requisitos exigidos y vía Intranet a todo el personal, invitándolos a enviar sus documentos si creían cumplir los requisitos.
Y agrega que el multimillonario problema se inició desde que la tutela empezó a ser aceptada por algunos magistrados como vía para dirimir este conflicto laboral, cuando -en su criterio y de acuerdo a la jurisprudencia contenida en varias sentencias de las diferentes cortes- es competencia de los jueces ordinarios laborales dirimirlo.
Incluso, magistrados del propio Tribunal de Medellín, como John Jairo Gómez Jiménez, han fallado a favor de Telecom acogiendo ese argumento.
Es más, la Sala Penal de dicho tribunal es la única instancia donde han prosperado tanto las tutelas como la tesis del tratamiento discriminatorio a los ex empleados.
En el resto del país -asegura Lastra con documentos en mano- se han presentado 47 casos similares y todos han salido a favor de Telecom en primera e incluso en segunda instancia.
Al respecto, cuatro de los magistrados del Tribunal de Medellín le reconocieron a EL TIEMPO que hay una profunda división con sus otros compañeros de Sala en torno al tema; que ya tomaron medidas para frenar el hecho de que ex funcionarios de Telecom de otras regiones del país lleven sus casos a Medellín; y que es urgente que la Corte Constitucional se pronuncie al respecto.
Mientras esto sucede, el liquidador de la empresa se está negado a otorgar dichas pensiones. Pero ya le iniciaron un incidente de desacato -desobediencia a una tutela- y lo tienen al borde del arresto.
'Telecom violó el derecho a la igualdad'
En diálogo telefónico el abogado Juan Guillermo Herrera Gaviria, explicó su tesis jurídica:
¿Cuántos procesos tienen de este tipo?
Son un poco más de cien personas de todas partes del país.
Telecom asegura que sus clientes no cumplen los requisitos y que su tesis jurídica está abriendo un boquete para que otros 3.400 ex empleados reclamen pensión anticipada...
No soy amigo de publicitar estos procesos. Conozco el poder de los medios y creo que esto se debe discutir en los estrados judiciales. Pero es bueno aclarar el tema.
Antes de iniciar su liquidación, Telecom ofreció el Plan de Pensión Anticipada a las personas que les quedaban menos de 7 años para pensionarse, pero dejó por fuera a quienes no estaban en el régimen de transición de la Ley 100. Esto es una situación injusta, discriminatoria, debía habérselo ofrecido a todo el mundo.
Lo que está diciendo el Tribunal en algunos de sus fallos es que aquí hay un problema de violación del derecho a la igualdad. No es que se abra un boquete. Lo que pasa es que si usted trata a la gente desigualmente, ellas tienen derecho a accionar.
¿Por qué vía tutela si el juez idóneo es el laboral?
Este no es un problema legal sino constitucional por tratarse de la violación de un derecho fundamental. Por eso el competente no es el juez ordinario sino el constitucional. Además, el derecho violado surge de un hecho y no de una norma. El juez laboral pide la norma y como no la hay, se acude al constitucional.
¿Por qué esa tesis solamente la han acogido 6 de 14 magistrados de Medellín?
No lo he intentado en otras partes del país y no sé cómo han presentado los casos allá, por eso no puedo hablar al respecto.
¿Y por qué solamente a usted le han prosperado y por qué más de 100 ex funcionarios de todo el país lo buscan?
Es un criterio del Tribunal y la gente donde ve una luz de esperanza frente a una posición, la gente busca a ese juez. Y la luz la dio la Sala Penal del Tribunal. La gente está desesperada. Después de trabajar 15 y hasta 20 años están desempleados, son unos muertos laborales.
Pero hay otras tesis, incluso de magistrados del mismo Tribunal, y mientras se aclara cuál es la correcta se está abriendo un boquete de más de 2 billones...
No creo que la cifra vaya hasta allá. Gente de Telecom habla de más o menos 600 personas en todo el país y habría que ver si todos cumplen. Además, el efecto económico de los fallos no es lo peligroso sino que se violen los derechos fundamentales de la gente. Ese es un problema de quienes administraron mal a Telecom, de quienes establecieron esos requisitos.
En 1992 se expidió un decreto (el 2123) en el que se le garantiza a la gente que la reestructuración no afectaría el régimen prestacional, salarial y asistencial vigente de los empleados vinculados en la Planta y deben ser consecuentes.
¿Usted ha hecho reuniones con más ex empleados?
Sí. La gente me ha llamado y pedido información sobre los fallos. He estado en Pasto, Pereira, Bogotá, Cali, Montería, Sincelejo, Bucaramanga.
¿Está de acuerdo en que la Corte Constitucional se pronuncie sobre el caso?
Esa es una opción que yo respeto.
Hablan magistrados
Tras reconocer una fuerte división interna en la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín con respecto a las tutelas de Telecom, el presidente de esa corporación, Jhon Jairo Gómez Jiménez, dice que es urgente que intervenga la Corte Constitucional.
"Por el bien de la justicia, de los trabajadores y de Telecom es importante que se pronuncie", afirma el magistrado y añade que esta petición es respaldada por todos sus compañeros.
Él hace parte del bloque de magistrados que defiende la tesis de que la tutela no es el camino para otorgar pensiones a los trabajadores de Telecom.
Por el contrario, el magistrado Rubén Darío Pinilla Cogollo -quien es enfático en señalar que no es sano ventilar en público las posibles discrepancias jurídicas con sus compañeros- hace parte de los que consideran procedente esa vía y, por ende, ha fallado en consecuencia.
"Si se estuviera reclamando un derecho legal o convencional deberían acudir a la jurisdicción laboral, pero como se trata de un acto discrecional de Telecom, la tutela sí procede porque protege un derecho fundamental, como es el de la igualdad", explica.
Advierte, sin embargo, que él solo ha tutelado derechos de personas que ocupaban cargos de excepción y que estaban dentro del régimen especial o de transición.
Por su parte, el magistrado Cesar Augusto Rengifo Cuello señala que cada caso es distinto y como tal se debe analizar, por eso, en algunos ha fallado a favor y en otros en contra.
El magistrado Óscar Bustamante Hernández comparte el criterio de Rengifo pero anunció que el Tribunal ya empezó a tomar correctivos para frenar la romería de trabajadores de otras partes del país.
"Se debe respetar la jurisdicción, es decir la tutela se debe interponer en el sitio donde supuestamente se está vulnerando el derecho".
Desde hace algunos meses esa ciudad se convirtió en un destino atractivo para un puñado de ex trabajadores de Telecom, el otrora gigante estatal de telecomunicaciones hoy en liquidación.
Ex empleados oriundos de Montería, Sincelejo, Ibagué, Bucaramanga, Zarzal y Cartago, entre otras ciudades, empezaron a llamar, escribir o viajar desde abril pasado a la capital paisa.
La razón: según lo estableció EL TIEMPO, en esa ciudad está ubicada la oficina de un abogado que ha logrado que 6 de los 14 magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín revoquen varios fallos de tutela y ordenen ofrecerles a ex empleados de Telecom jugosas pensiones de manera anticipada.
Se trata de Juan Guillermo Herrera Gaviria, especialista en derecho laboral, ex asesor jurídico de varios municipios, docente y conjuez de la sala laboral del mismo Tribunal de Medellín,
"No me diga que llama para lo de Telecom. El doctor no está pero lo único que necesita es que no le hayan ofrecido el Plan de Pensión Anticipada. No tiene que venir a Medellín. Puede enviar los papeles vía fax", contestan en la oficina del abogado.
Pero su récord de sentencias favorables, que tiene feliz a sus clientes -más de un centenar- ya puso en alerta al alto Gobierno, pues ninguno de los ex funcionarios favorecidos con ellas cumple los requisitos que Telecom estableció en el 2003 para otorgar pensiones anticipadas.
Así lo demuestran certificados expedidos por la Unidad de Personal de la empresa estatal y lo ratifica su propio liquidador, Javier Lastra, quien enfrenta la disyuntiva de cumplir los fallos del Tribunal, otorgar las pensiones y violar disposiciones internas, o negarse a acatarlos e irse a prisión.
"No voy a prevaricar. Prefiero asumir una sanción injustificada -el arresto- antes que eso", dice Lastra cuando se le indaga sobre el caso.
Ya hay cinco fallos en contra de Telecom que favorecen a 24 personas y que, de acatarse, le significarán al Estado el desembolso de cerca de 13 mil millones de pesos. Y hay en trámite 84 casos más que costarían 47 mil millones de pesos, a razón de 600 millones de pesos por persona.
Dicho monto -dice Telecom- equivale al promedio de mesadas que se le tendrían que girar a estos jóvenes pensionados (cuyas edades oscilan entre los 39 y 50 años) mientras vivan.
Y también mientras vivan, Telecom les deberá pagar un servicio adicional de salud -que además cubre a sus beneficiarios del pensionado- y otorgarles subsidios de vivienda.
"Pero lo más grave es que se está abriendo un boquete jurídico para que otros 3.400 ex empleados que no reunían los requisitos exigidos en su momento para pensionarse anticipadamente, reclamen el mismo tratamiento y, por ende, se les terminen aprobando sus pensiones a punta de tutelas pues en los fallos los magistrados dan por sentado que todos tienen derecho a la pensión", asegura Lastra.
Si esto llegase a ocurrir, el Estado se vería abocado a desembolsar 2 billones de pesos, que saldrían de las ganancias de Colombia Telecomunicaciones, la 'nueva Telecom'.
El esguince
"El efecto económico de los fallos no es lo peligroso. Lo peligroso es que se violen los derechos fundamentales de la gente", responde el abogado Herrera Gaviria, quien asegura que el Plan de Pensión Anticipada se les debió ofrecer a todos los empleados de Telecom y que al no hacerlo, se les violó el derecho a la igualdad y eso es lo que se está tutelando.
Telecom asegura, sin embargo, que el Plan fue ofrecido por carta a quienes -según su hoja de vida- cumplían los requisitos exigidos y vía Intranet a todo el personal, invitándolos a enviar sus documentos si creían cumplir los requisitos.
Y agrega que el multimillonario problema se inició desde que la tutela empezó a ser aceptada por algunos magistrados como vía para dirimir este conflicto laboral, cuando -en su criterio y de acuerdo a la jurisprudencia contenida en varias sentencias de las diferentes cortes- es competencia de los jueces ordinarios laborales dirimirlo.
Incluso, magistrados del propio Tribunal de Medellín, como John Jairo Gómez Jiménez, han fallado a favor de Telecom acogiendo ese argumento.
Es más, la Sala Penal de dicho tribunal es la única instancia donde han prosperado tanto las tutelas como la tesis del tratamiento discriminatorio a los ex empleados.
En el resto del país -asegura Lastra con documentos en mano- se han presentado 47 casos similares y todos han salido a favor de Telecom en primera e incluso en segunda instancia.
Al respecto, cuatro de los magistrados del Tribunal de Medellín le reconocieron a EL TIEMPO que hay una profunda división con sus otros compañeros de Sala en torno al tema; que ya tomaron medidas para frenar el hecho de que ex funcionarios de Telecom de otras regiones del país lleven sus casos a Medellín; y que es urgente que la Corte Constitucional se pronuncie al respecto.
Mientras esto sucede, el liquidador de la empresa se está negado a otorgar dichas pensiones. Pero ya le iniciaron un incidente de desacato -desobediencia a una tutela- y lo tienen al borde del arresto.
'Telecom violó el derecho a la igualdad'
En diálogo telefónico el abogado Juan Guillermo Herrera Gaviria, explicó su tesis jurídica:
¿Cuántos procesos tienen de este tipo?
Son un poco más de cien personas de todas partes del país.
Telecom asegura que sus clientes no cumplen los requisitos y que su tesis jurídica está abriendo un boquete para que otros 3.400 ex empleados reclamen pensión anticipada...
No soy amigo de publicitar estos procesos. Conozco el poder de los medios y creo que esto se debe discutir en los estrados judiciales. Pero es bueno aclarar el tema.
Antes de iniciar su liquidación, Telecom ofreció el Plan de Pensión Anticipada a las personas que les quedaban menos de 7 años para pensionarse, pero dejó por fuera a quienes no estaban en el régimen de transición de la Ley 100. Esto es una situación injusta, discriminatoria, debía habérselo ofrecido a todo el mundo.
Lo que está diciendo el Tribunal en algunos de sus fallos es que aquí hay un problema de violación del derecho a la igualdad. No es que se abra un boquete. Lo que pasa es que si usted trata a la gente desigualmente, ellas tienen derecho a accionar.
¿Por qué vía tutela si el juez idóneo es el laboral?
Este no es un problema legal sino constitucional por tratarse de la violación de un derecho fundamental. Por eso el competente no es el juez ordinario sino el constitucional. Además, el derecho violado surge de un hecho y no de una norma. El juez laboral pide la norma y como no la hay, se acude al constitucional.
¿Por qué esa tesis solamente la han acogido 6 de 14 magistrados de Medellín?
No lo he intentado en otras partes del país y no sé cómo han presentado los casos allá, por eso no puedo hablar al respecto.
¿Y por qué solamente a usted le han prosperado y por qué más de 100 ex funcionarios de todo el país lo buscan?
Es un criterio del Tribunal y la gente donde ve una luz de esperanza frente a una posición, la gente busca a ese juez. Y la luz la dio la Sala Penal del Tribunal. La gente está desesperada. Después de trabajar 15 y hasta 20 años están desempleados, son unos muertos laborales.
Pero hay otras tesis, incluso de magistrados del mismo Tribunal, y mientras se aclara cuál es la correcta se está abriendo un boquete de más de 2 billones...
No creo que la cifra vaya hasta allá. Gente de Telecom habla de más o menos 600 personas en todo el país y habría que ver si todos cumplen. Además, el efecto económico de los fallos no es lo peligroso sino que se violen los derechos fundamentales de la gente. Ese es un problema de quienes administraron mal a Telecom, de quienes establecieron esos requisitos.
En 1992 se expidió un decreto (el 2123) en el que se le garantiza a la gente que la reestructuración no afectaría el régimen prestacional, salarial y asistencial vigente de los empleados vinculados en la Planta y deben ser consecuentes.
¿Usted ha hecho reuniones con más ex empleados?
Sí. La gente me ha llamado y pedido información sobre los fallos. He estado en Pasto, Pereira, Bogotá, Cali, Montería, Sincelejo, Bucaramanga.
¿Está de acuerdo en que la Corte Constitucional se pronuncie sobre el caso?
Esa es una opción que yo respeto.
Hablan magistrados
Tras reconocer una fuerte división interna en la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín con respecto a las tutelas de Telecom, el presidente de esa corporación, Jhon Jairo Gómez Jiménez, dice que es urgente que intervenga la Corte Constitucional.
"Por el bien de la justicia, de los trabajadores y de Telecom es importante que se pronuncie", afirma el magistrado y añade que esta petición es respaldada por todos sus compañeros.
Él hace parte del bloque de magistrados que defiende la tesis de que la tutela no es el camino para otorgar pensiones a los trabajadores de Telecom.
Por el contrario, el magistrado Rubén Darío Pinilla Cogollo -quien es enfático en señalar que no es sano ventilar en público las posibles discrepancias jurídicas con sus compañeros- hace parte de los que consideran procedente esa vía y, por ende, ha fallado en consecuencia.
"Si se estuviera reclamando un derecho legal o convencional deberían acudir a la jurisdicción laboral, pero como se trata de un acto discrecional de Telecom, la tutela sí procede porque protege un derecho fundamental, como es el de la igualdad", explica.
Advierte, sin embargo, que él solo ha tutelado derechos de personas que ocupaban cargos de excepción y que estaban dentro del régimen especial o de transición.
Por su parte, el magistrado Cesar Augusto Rengifo Cuello señala que cada caso es distinto y como tal se debe analizar, por eso, en algunos ha fallado a favor y en otros en contra.
El magistrado Óscar Bustamante Hernández comparte el criterio de Rengifo pero anunció que el Tribunal ya empezó a tomar correctivos para frenar la romería de trabajadores de otras partes del país.
"Se debe respetar la jurisdicción, es decir la tutela se debe interponer en el sitio donde supuestamente se está vulnerando el derecho".
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